La Iglesia de Franco

Julián Casanova
(Edic. Temas de Hoy, Colección Historia, ISBN 84-8460-080-7, págs. 235-243)

Capítulo VI


La Iglesia de Franco, la Iglesia de la venganza

«No es un capricho el sufrimiento de una nación en un punto de su historia; es el castigo espiritual, castigo que Dios impone a una vida torcida, a una historia no limpia.»

Francisco Franco, discurso pronunciado en Jaén, 18 de marzo de 1940.

Cautivos y desarmados los rojos, iniciaba España una nueva era, un nuevo amanecer que acabaría con esa historia «no limpia» de pluralismo político, liberalismo y filosofías extranjeras. Tras la guerra, castigo que Dios imponía a los pueblos pecadores, resucitaba una nueva cristiandad. España era de nuevo el pueblo elegido de Dios para defender ante el mundo la fe cristiana. Catolicismo y nación española fundidos otra Vez en una «identidad profunda y esencial». Porque España estaba hecha «de fe cristiana y de sangre ibérica». Lo escribía Manuel García Morente, un filósofo convertido en cura. Lo decían los obispos, Franco, el Papa, los intelectuales de Acción Española como José María Pemán, Pedro Sáinz Rodríguez y los manuales escolares.
Las aguas volvían a su cauce. La victoria del ejército de Franco en la guerra supuso el triunfo absoluto de la España católica. El catolicismo volvía a ser la religión oficial del Estado. La Iglesia y el Estado: dos caras de una misma moneda. Todas las medidas republicanas que la derecha y la Iglesia habían maldecido fueron derogadas. En los cinco años que si
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guieron a la guerra, los gobiernos de Franco promulgaron, según Stanley G. Payne, «la más diversa y amplia serie de reglamentaciones religiosas que se había visto en cualquier Estado occidental del siglo XX».
La Iglesia recuperó todos sus privilegios institucionales, algunos de golpe, otros de forma gradual. Fi 9 de noviembre de 4 939 se restableció la financiación estatal del culto y del clero, abolida por la República. El 10 de marzo de 1941, el Estado se comprometió mediante decreto a la reconstrucción de las iglesias parroquiales. A la espera de un nuevo concordato, hubo acuerdos entre el régimen de Franco y el Vaticano, en 1944, 1946 y 1950, sobre la designación de obispos, los nombramientos eclesiásticos y el mantenimiento de los seminarios y las universidades dependientes de la Iglesia. Por fin, en agosto de 1953, catorce años después del fin oficial de la guerra, un nuevo concordato entre el Estado español y la Santa Sede reafirmaba la confesionalidad del Estado, proclamaba formalmente la unidad católica y reconocía a Franco el derecho de presentación de obispos. Eso sí que era hegemonía católica, monopolio religioso, dictadura de militares y clérigos para poner la unidad de la fe y la nación.
La Iglesia vivió una larga época de felicidad plena, con régimen que la protegió, la colmó de privilegios, defendió doctrinas y machacó a sus enemigos. Eran momentos de purificación, de limpieza de los elementos nocivos, con las lógicas discrepancias y forcejeos presentes hasta en las familias más e exquisitas. Tampoco tenía por qué haber uniformidad absoluta. La memoria de la guerra y de la victoria, la división militar vencedores y vencidos, entre lo bueno y lo malo, el recuerdo los mártires, los mantenía en la vida diaria bien juntos. La sangre de los mártires no había sido derramada en vano. La Iglesia había ganado también la guerra y estaba ganando la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Un día bendecían el asesinato y otro echaban una perorata sobre el «desenfreno honesto». Así de trágica y cómica era aquella España católica
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Largo y duro resultó ese despotismo de Franco y su Iglesia, militarizados y fascistizados los católicos, catolizados y santificados los fascistas. La caída de Mussolini y Hitler todavía despejó más el camino para la Iglesia, que se quedó casi como única fuente de legitimación del régimen ante el exterior; ha-ciendo realidad eso de que era imposible ser español y no ser católico. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, Franco metió al catolicismo político en los principales ministerios. Y la Iglesia relanzó al mundo entero su mensaje: qué bien se vivía en esa España católica bajo el manto protector del Generalísimo Franco, el enviado de Dios, el «centinela de Occidente». De nuevo la tragedia y la comedia juntas. La tragedia de decenas de miles de españoles asesinados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a uno de los muchos criminales de guerra que se han paseado victoriosos por la historia del siglo XX.


Vencedores y vencidos

«Tenemos que matar; matar y matar; ¿sabe usted?», declaraba ufano Gonzalo de Aguilera al periodista norteamericano John Whitaker: «Son como animales, ¿sabe?, y no cabe esperar que se libren del virus del bolchevismo. Al fin y al cabo, ratas y piojos son los portadores de la peste. Ahora espero que com-prenda usted qué es lo que entendemos por regeneración de España... Nuestro programa consiste... en exterminar un tercio de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país y nos desharíamos del proletariado. Además también es conveniente desde el punto de vista económico. No volverá a haber desempleo en España, ¿se da cuenta?»
Gonzalo de Aguilera era terrateniente, capitán del ejército y uno de los oficiales de prensa de Franco. De madre escocesa, aficionado a la práctica del polo, poseía grandes fincas en Sa-lamanca y era amigo personal del monarca Alfonso XIII. El escritor católico inglés Arnold Lunn lo consideraba «un erudi-
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to» y, según señala el historiador Michael Richards, Lunn reconocía haber sido «iluminado» por la «filosofía general» de Aguilera.
Eruditos tan eruditos como Aguilera no había muchos en aquella España que amanecía con la posguerra. Jaleadores del crimen y criminales los había, y los siguió habiendo durante mucho tiempo, a cientos. Porque la dictadura de Franco fue, durante todo el siglo XX, la única que emergió de una guerra civil, persiguió sin respiro a sus oponentes y administró un amargo castigo a los vencidos hasta el final. Hubo otras dictaduras, fascistas o no, pero ninguna salió de una guerra civil. Y hubo otras guerras civiles, pero ninguna resultó de un golpe de Estado y ninguna provocó una salida reaccionaria tan violenta y duradera.
No hay que buscar, por lo tanto, la excepción, las peculiari-dades de nuestra historia, en el hecho de pasar por guerras ci-viles o dictaduras. Muchos países europeos las sufrieron en ese turbulento período que sacudió al viejo continente entre el inicio de la Primera Guerra Mundial y el final de la Segunda. En España, sin embargo, a la guerra civil le siguió una larga paz incivil. Ésa es la diferencia más relevante entre la guerra civil española y otras guerras civiles como la finlandesa (1918) o la griega (1946-1949) que desembocaron también en la vic-toria de las fuerzas de la contrarrevolución.
En Finlandia, un país por entonces de poco más de tres mi-llones de habitantes, el terror «blanco» se llevó a los cementerios no menos de 8.380 «rojos», en un estallido brutal de ven-ganza «ilegal», «caliente», contra los vencidos, desde abril a junio de 1918. Además, 12.000 prisioneros fallecieron en las cárceles y campos de concentración, la mayoría a causa de la malnutrición y enfermedades asociadas con ella. Decenas de miles de trabajadores fueron encarcelados, perdieron sus derechos y fueron perseguidos por patronos y fuerzas de seguridad del Estado. Al Partido Social Demócrata se le impidió participar en el sistema político y al Partido Comunista, fundado por exiliados en Moscú, se le declaró ilegal.
Pero la contrarrevolución no duró. Tras la Primera Guerra Mundial, y derrotada Alemania, el país que más había ayuda-
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do a los «blancos» finlandeses, hubo elecciones generales en 1919, una de las condiciones que pusieron Francia y Gran Bretaña para el reconocimiento de la independencia de Finlan-dia. En ese mismo año nació una constitución republicana y pocos años después, en 1926, los socialistas llegaron al Gobierno.
Tampoco la democracia fue la primera y principal inclina-ción de la derecha vencedora en la guerra civil griega. Durante las últimas fases de la contienda, 140.000 personas huyeron al exilio. Alrededor de 20.000 personas fueron asesinadas en el fragor de los combates entre 1946 y 1950. A finales de 1949, el Gobierno derechista admitió que había 50.000 prisioneros en las cárceles y campos de concentración. Pero las ejecuciones ordenadas por los tribunales militares cesaron muy pronto y cl número de prisioneros políticos descendió considerable-mente, hasta caer a poco más de cinco mil en noviembre de 4955. Tras el levantamiento de la ley marcial, hubo elecciones generales en marzo de 1952. Grecia vivió la posguerra bajo un sistema parlamentario restringido, un régimen «cuasiparlamentario» según la definición de Nicos P. Mouzelis, pero incluso el perseguido y acosado Partido Comunista pudo guiar desde el exilio una Izquierda Democrática Unida que se aseguró la elección de varios diputados.
Tanto en Finlandia como en Grecia, la intervención inter-nacional de británicos y norteamericanos y su oposición a apoyar dictaduras bloquearon la persistencia de la solución reaccionaria, un gran beneficio que España nunca pudo dis-frutan En 1939, derrotada la República, la adversa situación internacional, muy favorable a los fascismos, contribuyó a consolidar la violenta contrarrevolución. Muertos Hitler y Mussolini, a las potencias democráticas les importó muy poco que allá por el sur de Europa, cerca de África, en un país de se-gunda fila, se mantuviera un dictador
Sin la intervención de esas mismas potencias occidentales que habían derrotado a los fascismos, el régimen de Franco estaba destinado a duran Y duró. Hasta junio de 1977, casi dos años después de la muerte de Franco, no hubo elecciones li-bres. No menos de 50.000 personas fueron ejecutadas en los
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Foto:Misa en la cárcel de Huéscar (Granada), 4940.
La religión entró también en las prisiones. La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, torturas v muertos en las cárceles franquistas y se dedicó a controlar « espíitualmente» a los presentes y a hacer apostolado. (Foto: Juan Antonio Avilés, col. Mercedes Avilés.)

diez años que siguieron al final oficial de la guerra el 1 de abril de 1939, después de haber asesinado ya a unos 100.000 «ro-jos» durante la contienda. Medio millón de presos se amontonaban en las prisiones y campos de concentración en 1939. La tragedia y el éxodo dejaron huella. «La retirada», como se conoció a ese gran exilio de 1939 llevó a Francia a unos 450.000 refugiados en el primer trimestre de ese año, de los cuales 170.000 eran mujeres, niños y ancianos. Unos 200.000 volvieron en los meses siguientes para continuar su calvario en las cárceles de la dictadura franquista.
La violencia se convirtió, en suma, en una parte integral de la formación del Estado franquista, que inició ese recorrido con una toma del poder por las armas. Los asesinatos arbitra-rios, los «paseos» y la ley de fugas se mezclaron con la violencia institucionalizada y «legalizada» por el nuevo Estado. La Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939, la
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de Represión de la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, la de Seguridad del Estado de 29 de marzo de 1941 y la que cerró ese círculo de represión legal, la de Orden Público de 30 de junio 1959, fueron concebidas para seguir asesinando, para mantener en las cárceles a miles de presos, para torturarlos y humillarlos hasta la muerte. Víctimas, hombres y mujeres, anónimos, a quienes ni siquiera sus familiares podían reivindican Asesinatos de personajes ilustres, de esos que ha-bían dejado su impronta en los movimientos políticos y sociales del primer tercio de siglo, como el republicano Lluis Companys, los socialistas Julián Zugazagoitia y Ricardo Zabalza, o el anarcosindicalista Joan Peiró. Envalentonados por el triunfo, los vencedores colmaron su sed de venganza hasta la última gota y llevaron su peculiar tarea purificadora hasta el último rincón de la geografía española.
Con la jurisdicción militar a pleno rendimiento, se impuso un terror frío, administrativo, rutinario. Los consejos de guerra eran meras farsas jurídicas, que nada tenían que probar, porque ya estaba demostrado de entrada que el acusado era un rojo, un «animal» que decía el «erudito» Gonzalo de Aguilera. «Todo era esperpéntico en el desarrollo de los juicios», escribe Francisco Moreno, «un mero trámite para la eliminación física, sin aportación de pruebas, sin esfuerzo por esclarecer los hechos y sin apoyos por parte del defensor, un miembro del tribunal que no cumplía misión alguna».
La farsa de los juicios, la inexistencia de abogados defensores y el cinismo de los fiscales se lo contaban con pelos y seña-les los condenados a muerte a Gumersindo de Estella, el padre capuchino que los auxiliaba espiritualmente en la cárcel de Zaragoza. Nada había cambiado, pese al final de la guerra: el mismo ritual de la muerte, la misma desesperación de presos inocentes que arremetían contra el clero: «¡No venga Ud. a molestarme! ¡Vago! ¡Cien veces vago! ¡Vaya Ud. a trabajan (...) No habéis trabajado en toda vuestra vida, pero vivís bien a costa de la Religión», le espetó uno de los catorce fusilados en la madrugada del 15 de diciembre de 1939 a otro cura que acompañaba a Gumersindo de Estella. Era la imagen repetida que la tradición anticlerical y amplios sectores de las clases
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populares tenían de los curas: parásitos siempre al lado del poder, viviendo del cuento de la religión. El que iba a morir, sin embargo, hombre del pueblo, encarnaba las virtudes opuestas a los vicios clericales: «Yo no he hecho en toda la vida más que trabajar y sudar para la familia y para la sociedad; y en premio me llevan al fusilamiento.»
Muchos familiares removían Roma con Santiago para salvar a sus seres queridos. Y lo que encontraban eran largas, falsas promesas, macabros engaños. Como le sucedió a aquella madre que fue el 12 de febrero de 1940 a hablar con Gumersindo de Estella. Estaba contenta porque había sido muy bien recibida en Madrid y confiaba en que su hijo iba a ser indultado. «¡Infeliz!», anotaba en su diario Gumersindo de Estella, no sabía la madre que su hijo, Juan García Jariod, un escribiente de Caspe de veintidós años, tenía la sentencia de muerte firmada por Franco y había sido remitida a Zaragoza para su ejecución. Fue fusilado al día siguiente, 13 de febrero, junto a otros ocho condenados. Tres días después de su ejecución, llegó el indulto.
Infeliz de verdad esa madre, como otras muchas más, que ignoraban la sencillez con la que Franco despachaba las sen-tencias de muerte, el tristemente famoso «enterado» del Generalísimo, contado posteriormente por ilustres vencedores como Ramón Serrano Súñer o Pedro Sáinz Rodríguez con la gracia y la impunidad que proporciona el paso del tiempo. Una vez dictadas las sentencias por los consejos de guerra, el auditor del cuartel general, el teniente coronel Lorenzo Martínez Fuset, le presentaba a Franco la relación de las condenas para el «enterado». Allí estaba a menudo, con su Caudillo, el capellán José María Bulart, que se permitía la licencia de bromear sobre el asunto: «¿Qué?, ¿enterrado?» Al bueno y católico de Bulart le llegaban muchas cartas de petición de clemencia, pero él tenía por costumbre arrojarlas a la papelera.
Por matar se mataba hasta en el día de Navidad, como en plena guerra, con las mismas anomalías que en época del te-rror «caliente». Ocho hombres fusilaron en Zaragoza el 25 de diciembre de 1939. El encargado de turno registró sólo los nombres y evitó incluir otros datos como la edad, el domicilio o la profesión. No podía perder el tiempo en día tan señalado.
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Era tanto el exceso asesino que hasta perfeccionaban el escenario. Lo cuenta también Gumersindo de Estella. El 6 de noviembre de 1939, cuando llegó al cementerio acompañando a los dieciséis condenados de ese día, observó una novedad. Habían levantado una larga valla de tablones de más de dos metros de alta. Y entre esa valla y la tapia quedaba un espacio de un metro que había sido llenado de tierra. Las miles de balas descargadas desde julio de 1936 habían destrozado la ta-pia y los disparos traspasaban ya la pared, alcanzando a los ataúdes de los nichos del cementerio. Un hermano capuchino italiano, testigo de ese espectáculo, no quiso volver nunca más.
Esa maquinaria de terror organizado desde arriba, basada en la jurisdicción militar, en juicios y consejos de guerra sin las mínimas garantías, re quería, sin embargo, una amplia partici-pación «popular», de informantes, denunciantes, delatores, entre los que no sólo se encontraban 105 beneficiarios naturales de la victoria, la Iglesia, los militares, la Falange y la derecha de siempre. La purga era, por supuesto, tanto social como política y los poderosos de la comunidad, la gente de orden, las autoridades, aprovecharon la oportunidad para deshacerse de los «indeseables», «animales» y revoltosos. Pero lo que esa minoría quería lo aprobaban muchos más, que veían políticamente necesario el castigo de sus vecinos, a quienes acusaban o no defendían si otros los acusaban.
Tras la toma de Valencia por el ejército de Franco, el 30 de marzo de 1939, la llamada Columna de Orden y Policía de Ocupación, bajo el mando del coronel Antonio Aymat, iniciaba la limpieza, una limpieza que, según la investigación de Vicent Gabarda sobre los fusilados en el País Valenciano, se lle-vó a la tumba hasta 1956 a 4.714 rojos, más los 1.165 presos que murieron en las cárceles y campos de concentración. Las autoridades establecieron desde el primer día centros de recepción de denuncias, a cuyas puertas se formaron largas colas de ciudadanos que buscaban venganza o querían evitar que la represión se descargase sobre ellos mismos, aleccionados por los avisos que se lanzaban desde el Gobierno Militar:
«Toda persona que conozca la comisión de un delito llevado a
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