Número 1
Junio 1999
Junio 1999
Nosotros, signatarios de la Resolución de Frankfurt, hemos concertado un contínuo intercambio de experiencias y cooperación con respecto a la política de drogas.
I. Hemos comprobado que:
1. El intento de eliminar tanto el suministro como el consumo de drogas en nuestra sociedad ha fracasado. La demanda de drogas continúa a día de hoy, a pesar de todos los esfuerzos educativos, y todo indica que tendremos que seguir conviviendo con la existencia de drogas y consumidores de drogas en el futuro.
2. La adicción a las drogas es un fenómeno social que no puede ser erradicado por una política sobre drogas, sino más bien regulado y, en el mejor de los casos, limitado. Para la mayoría de consumidores de drogas, la dependencia es una fase de tránsito crítica en su historia personal que puede superarse por un proceso de maduración ajeno a la dependencia de drogas. La política de drogas no debe impedir este proceso, sino más bien ofrecer asistencia y apoyo.
3. La política sobre drogas que pretende combatir las adicciones únicamente a base de leyes penales y la incitación a la abstinencia, y que hace de la motivación hacia la abstinencia el requisito previo para la ayuda estatal, ha fracasado. La demanda de drogas no se ha reducido, el sufrimiento físico y la miseria social de los adictos se incrementan, más y más adictos son contagiados por el VIH, más y más adictos mueren, crece el tráfico ilegal de drogas y se incrementan sus ganancias, y el temor de los ciudadanos ante el tráfico de drogas y los delitos por motivos económicos aumentan.
4. Los problemas causados por las drogas no se deben sólo a las propiedades farmacológicas de las sustancias, sino que se deben fundamentalmente a la ilegalidad del consumo de drogas. La ilegalidad origina la adulteración y encarecimiento de las sustancias, y dificulta el cálculo de la dosificación. La ilegalidad es la principal causa de la miseria de los adictos, las muertes y los atracos. La criminalización no es sólo un impedimento para la asistencia y terapia, sino que también obliga a la policía y al sistema judicial a desarrollar una tarea superior a sus posibilidades.
5. Los consumidores de drogas viven, en su mayoría, en grandes ciudades, o en torno a ellas, ya que ahí es donde encuentran el mercado, el escenario de la droga y las facilidades para la ayuda. En consecuencia, son las grandes ciudades las que están afectadas en mayor medida, a pesar de lo cual su influencia en la política sobre drogas es modesta y se mantiene rígida en contraste con la carga que tienen que soportar.
II. Por todo ello, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
1. Es imprescindible un cambio dramático en las prioridades de la política sobre drogas. La ayuda a los adictos debe constituir, junto con las medidas preventivas y educativas, un objetivo igualmente importante de la política sobre drogas. Debemos disponer del máximo posible de asistencia social y médica para el tratamiento de la adicción y de los consumidores de drogas, y las intervenciones de tipo represivo deben ser reducidas al mínimo. La persecución criminal debería centrar sus prioridades en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas. La protección de la población, en particular, es tarea de la policía. Cualquiera que desee reducir el sufrimiento, la miseria y la muerte, debe primero liberar a los adictos del terror de la persecución por el mero hecho de ser consumidores de drogas. En segundo lugar, las ofertas de ayuda no deben estar subordinadas a una total abstinencia de drogas. La ayuda no debe estar únicamente encaminada a una total ruptura con las dependencias, sino también a permitir una vida digna con drogas.
2. Es esencial que la política sobre drogas distinga entre el cannabis y otras drogas ilegales cuyo potencial adictivo, peligros y resonancias culturales difieren sobremanera.
3. La distribución de jeringuillas estériles a los consumidores de drogas y el mantenimiento con metadona son medios importantes en la lucha por la reducción del daño.
4. Se debe crear una base legal a fin de permitir la apertura de lugares donde se puedan consumir drogas bajo supervisión.
5. La prescripción médica controlada de drogas a consumidores empedernidos debe analizarse sin prejuicios y con la vista puesta en la reducción del daño. Debe posibilitarse un ensayo con métodos científicos.
6. Requerimos una mejor cooperación y coordinación de la política sobre drogas entre las principales ciudades y sus regiones, entre las mismas ciudades, y entre los países europeos. Si sólo unas pocas ciudades implementan una política de drogas que acepte la realidad de la adicción a las drogas y ofrezca ayuda sin exigir un elevado compromiso, estas ciudades atraerán a los consumidores como imanes y pronto se verán sobrepasadas por los problemas que pretendían afrontar.
III. Consideramos necesario:
1. Que nuestro concepto de política sobre drogas reciba los necesarios apoyos legales, organizativos y financieros de los gobiernos nacionales y regionales.
2. Que la adquisición, posesión o consumo de cannabis no sea nunca más delito. Su comercio debería ser regulado legalmente.
3. Que los consumidores de otras drogas ilegales no sean castigados por la adquisición, posesión o consumo de pequeñas cantidades para sus propias necesidades personales.
4. Que sean fijadas las directrices legales, organizativas y financieras necesarias para expandir la dispensa de metadona en nuestras ciudades.
5. Que los legisladores y gobiernos nacionales creen los requisitos previos para la prescripción de metadona con baja exigencia de compromiso, y para casos médicos o científicos, acompañados de la correspondiente receta. En relación a esto, la asistencia social debe estar garantizada.
Con el proceso de unificación europea y la apertura de fronteras, emerge una situación que sólo puede ser tratada a nivel internacional y coordinado entre las ciudades implicadas. Nosotros, los firmantes de la Resolución de Frankfurt, acordamos en consecuencia, con la cooperación de las iniciativas existentes en la Comisión de las Comunidades Europeas, el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud, sección europea, establecer una red de cooperación para asegurar un intercambio regular de experiencias. Debemos emprender juntos nuevas vías en política sobre drogas e intercambiar resultados y experiencias.
Para conseguir este propósito, nos proponemos:
1. El fortalecimiento de la coordinación europea en materia de drogas.
2. Encuentros regulares de los coordinadores sobre drogas.
3. El intercambio de especialistas de los sectores de asistencia sobre drogas, prevención, policía y salud pública.
4. Una conferencia anual de ciudades. El círculo de ciudades implicadas debe aumentar contínuamente. Es imprescindible fundar una institución que, en cooperación con el Consejo de Europa, la Comisión de las Comunidades Europeas y la Organización Mundial de la Salud, sección europea, coordine y conduzca la investigación científica sobre materia de drogas en Europa e inicie proyectos de asistencia científicamente controlados que intenten, en particular, buscar nuevas aproximaciones.
Es urgente que, en el curso del proceso de unificación europea, se lleve a cabo una necesaria coordinación de los sistemas legales nacionales basada en una política de descriminalización y despenalización de los consumidores de drogas, además de en la reducción del daño.
Frankfurt am Main, noviembre de 1990.
Preámbulo
L@s firmantes, polític@s locales relacionados con la política
de drogas, hemos comprobado que debemos asumir la máxima y más
directa responsabilidad en la aproximación a los problemas producidos
por las drogas. Con el fin de enfrentarnos debidamente a estos problemas,
buscamos la coordinación y la cooperación con otras ciudades
y también con organismos nacionales e internacionales. Observamos
la legislación y los convenios internacionales en vigor. Dado este
contexto legal, nos sentimos obligad@s a buscar nuevas posibilidades y
enfoques de cara a enfrentarnos de una forma pragmática a la realidad
de nuestras comunidades, abordando los cambios necesarios, y a hacer que
estas necesidades sean escuchadas.
La perspectiva de que la represión por sí sola puede
solucionar los problemas relacionados con las drogas hace tiempo que se
demostró falsa. Aunque algunas ciudades y países todavía
se adhieran a esta política, queremos hacer énfasis en que
este punto de vista - basado frecuentemente en la idea utópica de
una sociedad libre de drogas - no ha conseguido nunca en la práctica,
ni lo hará, ninguna mejora de la situación.
Las ciudades firmantes reclamamos la libertad y las estructuras
legales necesarias para implementar una política prágmática
equilibrada - como se indica más abajo en esta declaración
además de en la resolución de Frankfurt de 1990 - de acuerdo
con nuestras necesidades locales, basada en las características
particulares de los problemas relacionados con las drogas, condiciones
sociales y culturales, y prioridades políticas en nuestras comunidades.
En este proceso deberían colaborar todos los organismos locales
y autoridades implicados en los problemas relacionados con las drogas.
Los derechos humanos, y en particular el derecho básico de
toda persona a recibir ayuda no coercitiva para sobrevivir y vivir dignamente,
con o sin drogas, deben ser la base de la política sobre drogas
local, nacional e internacional. Al mismo tiempo, los ciudadanos de
nuestras comunidades deben ser protegidos eficazmente de los problemas
relacionados con las drogas.
L@s firmantes de esta declaración abogan por tanto por un enfoque
pragmático y no ideológico, basado en la evaluación
científica, que cimente una política local y nacional basada
en los cuatro puntos siguientes:
1. Prevención.
La prevención se basa en una percepción amplia de lo
que es la educación sanitaria, que implica la consideración
al mismo nivel de los aspectos mentales, físicos y sociales de la
salud. Su objetivo es el refuerzo activo de niños, adolescentes
y adultos y de los diversos factores protectores, que comprenden todas
las medidas de prevención estructural con la pretensión de
evitar al máximo de individuos los posibles daños derivados
del consumo de sustancias psicoactivas, legales e ilegales.
2. Terapia
La gente con problemas mentales, sociales o físicos debidos
a su consumo de drogas - ya sean legales o ilegales - tiene derecho a un
tratamiento profesional adecuado, a consejo y auxilio.El sistema asistencial
está obligado a asegurarse de que ningún prejuicio moral
o de cualquier otro tipo hacia los consumidores de drogas les impida el
acceso a la misma asistencia que a cualquier otro individuo. Las intervenciones
terapéuticas y sociales deben cubrir un amplio espectro de instrumentos
disponibles con el fin de conceder la posibilidad de abandonar su adicción
y su uso nocivo, y llevar una vida integrada en sus comunidades, al máximo
número posible de consumidores de drogas. El tratamiento hasta la
abstinencia es un proceso muy largo.
El tratamiento orientado hacia la abstinencia necesariamente debe ser
complementado con otros estadios intermedios de tratamiento, como la reducción
de daños.
3. Reducción de daños
La reducción de daños consiste en ayudar a los actuales
consumidores de drogas a sobrevivir y a superar las crisis agudas, dolorosas
y sociales. Para este fin se consideran todas las medidas que contribuyan
a evitar las serias infecciones y otros males que amenazan al consumidor
de drogas. La asistencia básica, el intercambio de jeringuillas,
las salas para el consumo y la administración de sustitutivos o,
si es necesario, de las drogas originales, son claros ejemplos de este
punto.
Un elemento crucial para una política de drogas pragmática
y equilibrada está en la absoluta necesidad de diversas medidas
que hay que impulsar para conseguir una total integración en el
sistema asistencial social y sanitario. Las medidas de reducción
de daños contribuyen, directa e indirectamente, a la reducción
de la criminalidad y a una reducción significativa de los costes
que la sociedad debe soportar. Por ello, hacemos un llamamiento a la unidad
de las fuerzas de los políticos locales para apoyar la implementación
de la reducción de daños en las políticas locales,
nacionales e internacionales.
4. Represión.
El principal objeto de la represión en el contexto de una política
de reducción de daños es el de iniciar acciones concertadas
de policía y Justicia a niveles locales, nacionales e internacionales
con el fin de influir en la disponibilidad de substancias psicoactivas
legales e ilegales, de manera que la disponibilidad esté controlada
y el uso nocivo sea mínimo. A nivel local, es tarea primaria de
la policía y del sistema judicial combatir el mercado ilegal de
drogas y reforzar la seguridad para la población de nuestras comunidades,
a la vez que se intenta evitar en lo posible la marginación de los
consumidores que origina riesgos adicionales para su salud.
Colaboración intersectorial.
Con el fin de alcanzar los objetivos antes mencionados de prevención,
terapia, reducción de daños y represión, es muy necesario
concertar acciones de colaboración entre los diferentes sectores
responsables: policía, Justicia y asistencia social y sanitaria.
Conclusión
Esta declaración ha sido formulada de acuerdo con las bases
de intenciones y objetivos de la Resolución de Frankfort (1990)
y el trabajo en común llevado a cabo por sus firmantes dentro de
las estructuras de Ciudades Europeas por una Política de Drogas
(European Cities on Drug Police, ECDP).
Tenemos bien presente el hecho de que no todos los firmantes de este
documento tienen la posibilidad de implementar todas las medidas antes
mencionadas en sus respectivas comunidades. La medidas concretas deben
ser ajustadas conforme a la situación política y cultural
y a la capacidad de compromiso de todos sus ciudadanos.
Nosotr@s, los firmantes de la Declaración de ECDP, declaramos
nuestro compromiso abierto hacia una política de drogas pragmática
y equilibrada, y daremos apoyo político para el desarrollo e implementación
de cualquier medida factible en busca de la reducción de los daños
relacionados con las drogas en nuestras propias comunidades y en cualquier
otra comunidad.
Frankfurt am Main, mayo de 1998.
