Recientemente, se ha puesto en marcha el plan 6 x 6 de policía de barrio en otras tantas ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla y Alicante, tras ser aplicado en Zaragoza, habitual ciudad-piloto (¿en qué provincia española hubo que marcar por primera vez los nueve números de código telefónico para llamadas urbanas?). Fruto del éxito de su aplicación en Zaragoza, la alcaldesa Luisa Fernanda Rudi fue la encargada de redactar la ponencia sobre libertades ciudadanas en el congreso del PP. En el camino, se cerraban los locales de la SECA tras recibir diversas agresiones, amenazas, hurtos,...

            Parece bastante interesante presionar a las autoridades locales de las grandes ciudades para la incorporación a las políticas de lucha contra el delito (no olvidemos que alrededor del 80 % de los presos lo están por delitos relacionados con el consumo y el tráfico de sustancias ilegales) de las ciudades europeas, y abandonar el seguidismo de los métodos de procedencia americana. Especialmente los de Rudolph Giuliani, quien acaba de aprobar la legislación necesaria para confiscar los vehículos de aquellos que conduzcan con más del 0'1 % de alcohol en sangre. Por supuesto, los grandes magnates no conducen: tienen inmigrantes infrapagados que no pueden beber mientras estén de servicio, y les someten regularmente a análisis de drogas. Pero si eres chicano o tienes un cierto aspecto rocker, no te arriesgues a tomar un vinito en esa comida con los amigos si tienes que conducir luego, pues igual te quedas sin coche.

            Según informaciones recibidas de diferentes abogados, cada vez es más habitual que los agentes del orden público, que deben cumplir una cuota de productividad, se lleven a presuntos infractores a comisaría, sin cargo alguno y habiendo sido debidamente identificados en cumplimiento de la ley de Seguridad Ciudadana/ley Corcuera. A continuación, el ciudadano es mareado hasta conseguir una respuesta agresiva, y entonces es acusado de desacato, resistencia a la autoridad, obstrucción a la justicia, o cualquier cosa parecida.

            Digamos no a los abusos de autoridad. Exijamos nuestros derechos y no cedamos amablemente en colaborar con ellos. Neguémonos a acompañarles a comisaría, si nos hemos identificado debidamente y no estamos acusados de nada (eso sí, siempre con testigos. Si no, ten cuidado, no se pierda una hostia. O un tiro...). Neguémonos a esos cacheos donde te miran hasta las amígdalas, si no hemos hecho nada sospechoso. Sólo están autorizados a un somero registro en busca de armas o algún otro instrumento peligroso (repito: siempre con testigos... La propia ley Corcuera dice que la policía siempre tiene razón, al menos en lo relacionado con esa ley y si no hay nada en contra...).

            En fin, dado que la ley Corcuera es una mierda anticonstitucional, y mientras no consigamos modificarla, exijamos que se limiten a cumplirla, sin ir más allá. Porque encima de puta poner la cama ya es excesivo. Pidamos, en cambio, el alineamiento de las principales capitales españolas en sintonía con sus hermanas europeas en cuanto a políticas ciudadanas.

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            Esta es la política de las principales ciudades europeas con respecto a las drogas. Curiosamente, no estaba traducida al castellano. Esta traducción es una cortesía de Cannazine, y, por tanto, no es una traducción oficial. De hecho, dicha traducción oficial no existe... Constituye el primero de los documentos del Cannazine, que iremos subiendo al ciberespacio trimestralmente, para uso y discusión de ciudadanos y consumidores.

 Nosotros, signatarios de la Resolución de Frankfurt, hemos concertado un contínuo intercambio de experiencias y cooperación con respecto a la política de drogas.
 
 I. Hemos comprobado que:
 
 1. El intento de eliminar tanto el suministro como el consumo de drogas en nuestra sociedad ha fracasado. La demanda de drogas continúa a día de hoy, a pesar de todos los esfuerzos educativos, y todo indica que tendremos que seguir conviviendo con la existencia de drogas y consumidores de drogas en el futuro.
 
 2. La adicción a las drogas es un fenómeno social que no puede ser erradicado por una política sobre drogas, sino más bien regulado y, en el mejor de los casos, limitado. Para la mayoría de consumidores de drogas, la dependencia es una fase de tránsito crítica en su historia personal que puede superarse por un proceso de maduración ajeno a la dependencia de drogas. La política de drogas no debe impedir este proceso, sino más bien ofrecer asistencia y apoyo.
 
 3. La política sobre drogas que pretende combatir las adicciones únicamente a base de leyes penales y la incitación a la abstinencia, y que hace de la motivación hacia la abstinencia el requisito previo  para la ayuda estatal, ha fracasado. La demanda de drogas no se ha reducido, el sufrimiento físico y la miseria social de los adictos se incrementan, más y más adictos son contagiados por el VIH, más y más adictos mueren, crece el tráfico ilegal de drogas y se incrementan sus ganancias, y el temor de los ciudadanos ante el tráfico de drogas y los delitos por motivos económicos aumentan.
 
 4. Los problemas causados por las drogas no se deben sólo a las propiedades farmacológicas de las sustancias, sino que se deben fundamentalmente a la ilegalidad del consumo de drogas. La ilegalidad origina la adulteración y encarecimiento de las sustancias, y dificulta el cálculo de la dosificación. La ilegalidad es la principal causa de la miseria de los adictos, las muertes y los atracos. La criminalización no es sólo un impedimento para la asistencia y terapia, sino que también obliga a la policía y al sistema judicial a desarrollar una tarea superior a sus posibilidades.
 
 5. Los consumidores de drogas viven, en su mayoría, en grandes ciudades, o en torno a ellas, ya que ahí es donde encuentran el mercado, el escenario de la droga y las facilidades para la ayuda. En consecuencia, son las grandes ciudades las que están afectadas en mayor medida, a pesar de lo cual su influencia en la política sobre drogas es modesta y se mantiene rígida en contraste con la carga que tienen que soportar.
 
 II. Por todo ello, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
 
 1. Es imprescindible un cambio dramático en las prioridades de la política sobre drogas. La ayuda a los adictos debe constituir, junto con las medidas preventivas y educativas, un objetivo igualmente importante de la política sobre drogas. Debemos disponer del máximo posible de asistencia social y médica para el tratamiento de la adicción y de los consumidores de drogas, y las intervenciones de tipo represivo deben ser reducidas al mínimo. La persecución criminal debería centrar sus prioridades en la lucha contra el tráfico ilegal de drogas. La protección de la población, en particular, es tarea de la policía. Cualquiera que desee reducir el sufrimiento, la miseria y la muerte, debe primero liberar a los adictos del terror de la persecución por el mero hecho de ser consumidores de drogas. En segundo lugar, las ofertas de ayuda no deben estar subordinadas a una total abstinencia de drogas. La ayuda no debe estar únicamente encaminada a una total ruptura con las dependencias, sino también a permitir una vida digna con drogas.
 
 2. Es esencial que la política sobre drogas distinga entre el cannabis y otras drogas ilegales cuyo potencial adictivo, peligros y resonancias culturales difieren sobremanera.
 
 3. La distribución de jeringuillas estériles a los consumidores de drogas y el mantenimiento con metadona son medios importantes en la lucha por la reducción del daño.
 
 4. Se debe crear una base legal a fin de permitir la apertura de lugares donde se puedan consumir drogas bajo supervisión.
 
 5. La prescripción médica controlada de drogas a consumidores empedernidos debe analizarse sin prejuicios y con la vista puesta en la reducción del daño. Debe posibilitarse un ensayo con métodos científicos.
 
 6. Requerimos una mejor cooperación y coordinación de la política sobre drogas entre las principales ciudades y sus regiones, entre las mismas ciudades, y entre los países europeos. Si sólo unas pocas ciudades implementan una política de drogas que acepte la realidad de la adicción a las drogas y ofrezca ayuda sin exigir un elevado compromiso, estas ciudades atraerán a los consumidores como imanes y pronto se verán sobrepasadas por los problemas que pretendían afrontar.
 
 III. Consideramos necesario:
 
 1. Que nuestro concepto de política sobre drogas reciba los necesarios apoyos legales, organizativos y financieros de los gobiernos nacionales y regionales.
 
 2. Que la adquisición, posesión o consumo de cannabis no sea nunca más delito. Su comercio debería ser regulado legalmente.
 
 3. Que los consumidores de otras drogas ilegales no sean castigados por la adquisición, posesión o consumo de pequeñas cantidades para sus propias necesidades personales.
 
 4. Que sean fijadas las directrices legales, organizativas y financieras necesarias para expandir la dispensa de metadona en nuestras ciudades.
 
 5. Que los legisladores y gobiernos nacionales creen los requisitos previos para la prescripción de metadona con baja exigencia de compromiso, y para casos médicos o científicos, acompañados de la correspondiente receta. En relación a esto, la asistencia social debe estar garantizada.
 
 IV. Acuerdos.
 
 Con el proceso de unificación europea y la apertura de fronteras, emerge una situación que sólo puede ser tratada a nivel internacional y coordinado entre las ciudades implicadas. Nosotros, los firmantes de la Resolución de Frankfurt, acordamos en consecuencia, con la cooperación de las iniciativas existentes en la Comisión de las Comunidades Europeas, el Consejo de Europa y la Organización Mundial de la Salud, sección europea, establecer una red de cooperación para asegurar un intercambio regular de experiencias. Debemos emprender juntos nuevas vías en política sobre drogas e intercambiar resultados y experiencias.
 
 Para conseguir este propósito, nos proponemos:
 
 1. El fortalecimiento de la coordinación europea en materia de drogas.

 2. Encuentros regulares de los coordinadores sobre drogas.
 
 3. El intercambio de especialistas de los sectores de asistencia sobre drogas, prevención, policía y salud pública.
 
 4. Una conferencia anual de ciudades. El círculo de ciudades implicadas debe aumentar contínuamente. Es imprescindible fundar una institución que, en cooperación con el Consejo de Europa, la Comisión de las Comunidades Europeas y la Organización Mundial de la Salud, sección europea, coordine y conduzca la investigación científica sobre materia de drogas en Europa e inicie proyectos de asistencia científicamente controlados que intenten, en particular, buscar nuevas aproximaciones.
 
 Es urgente que, en el curso del proceso de unificación europea, se lleve a cabo una necesaria coordinación de los sistemas legales nacionales basada en una política de descriminalización y despenalización de los consumidores de drogas, además de en la reducción del daño.
 
 Frankfurt am Main, noviembre de 1990.