Número 1 
Junio 1999
El siguiente texto está extraído de "El miedo a la
democracia", de Noam Chomsky, editado por Grijalbo en Barcelona,
2ª edición, septiembre de 1993. Fue publicado originalmente
en inglés por Zeta Magazine en noviembre de 1989. Del capítulo
3, Los problemas del control de la población,
recogemos parte de los dos primeros subcapítulos, dedicados a «EL
INTRANQUILIZADOR ESPECTRO DE LA PAZ» y LA
GUERRA CONTRA LA DROGA
3. LOS PROBLEMAS DEL
CONTROL DE LA POBLACIÓN
(...)Para las elites norteamericanas, la relajación de las tensiones
de la guerra fría fue una bendición a medias. Ciertamente,
la debilitación del elemento disuasor soviético facilita
el recurso de los Estados Unidos a la violencia y la coacción
en el Tercer Mundo, y el colapso del sistema soviético prepara
el terreno para la integración de gran parte de la Europa del
Este y Europa Central en los dominios que han de «complementar
a las economías industriales de Occidente». Pero los
problemas surgen cuando se trata de controlar al público, siempre
amenazador, en nuestro país, y de mantener la influencia sobre los
aliados, hoy rivales creíbles en términos de poder económico
y a la cabeza del proyecto de adaptar al nuevo Tercer Mundo a sus
necesidades. (...)
1. «EL INTRANQUILIZADOR
ESPECTRO DE LA PAZ»
El «intranquilizador espectro de la paz» suscita «espinosas
cuestiones "en relación con la paz"», observa el Wall Street
Journal. Este espectro representa una amenaza crucial para el habitual
recurso a los programas militares keynesianos que han constituido el dispositivo
fundamental de la gestión económica del Estado durante el
período postbélico. El Journal cita al antiguo jefe
del Estado Mayor del ejército, el general Edward Meyer, quien
piensa que unas fuerzas armadas más intensivas en capital y dotadas
de más alta tecnología garantizarían «un gran
negocio para la industria»: tanques robot, aviones sin piloto, sofisticados
aparatos electrónicos -todos de dudosa utilidad para todo fin militar
defensivo (o probablemente para todo fin), aunque esta no es la cuestión.
Ello constituye, sin embargo, una esperanza bastante débil. ¿Cómo
se obligará al público a pagar los costes sin una amenaza
roja creíble en el horizonte?
(...)Matthew Coffey, presidente de la National Tooling and
Machining Association, declaró: si disminuye el presupuesto
militar, «tendremos que pasar por una experiencia difícil
y dolorosa». Existe un amplio acuerdo sobre el hecho de que el Estado
tendrá que proporcionar créditos a la exportación
y otros beneficios a la industria: «A menos que se adopte una alternativa
de retroceso, será imposible reducir los sistemas armamentísticos»,
comentó el demócrata liberal neoyorquino Ted Weiss.
El republicano de Ohio, John Kasich, asintió, al tiempo que
murmuraba algo acerca de «bienestar empresarial», (...)
.
(...) Los círculos empresariales han dado por sentado durante
mucho tiempo que el Estado debe desempeñar un papel fundamental
en el mantenimiento del sistema del beneficio privado. Pueden acoger con
agrado las charlas sobre la libre empresa y el laissez-faire, pero únicamente
como un arma para evitar la desviación de los recursos públicos
a la población general o para facilitar la explotación de
las posesiones.(...)
Los problemas del control social aumentan en tanto que se limita la
capacidad de coacción del Estado. Al fin y al cabo, difícilmente
es una ley de la naturaleza que unos pocos hayan de mandar mientras la
multitud obedece, que la economía tenga que estar orientada a asegurar
lujos para unos cuantos y no a cubrir las necesidades de todos, o que el
destino -incluso la supervivencia- de las futuras generaciones sea descartado
como irrelevante para la planificación. Si la gente corriente es
libre de meditar sobre las causas de la miseria humana (según palabras
de Barrington Moore), puede muy bien sacar todas las conclusiones
erróneas. En consecuencia, se la debe adoctrinar o distraer, tarea
que requiere infatigables esfuerzos. Los medios son muchos; engendrar el
temor a un enemigo amenazador ha sido siempre un poderoso elemento disuasor.
Los años del Vietnam suscitaron muchas preocupaciones.
Para contrarrestar la amenaza, fue necesario restaurar la imagen de la
benevolencia norteamericana y reconstruir la estructura del miedo. Ambos
desafíos se abordaron con la dedicación que requieren.
(...)En los tiempos de Reagan, se añadió un «ansia
de democracia» a la colección de medidas para el control de
la población. Como dice Tucker, bajo la doctrina Reagan,
«la legitimidad de los gobiernos no dependerá ya simplemente
de su efectividad, sino de su adecuación al proceso democrático»
y «existe un derecho de intervención» contra los gobiernos
ilegítimos -un objetivo demasiado ambicioso, en su opinión,
pero, por lo demás, no problemático. Los ingenuos podrían
preguntar por qué no hemos ejercido este derecho de intervención
en Corea del Sur, Indonesia, Suráfrica o El Salvador, entre
otros candidatos. Sin embargo, no hay incoherencia. Estos países
se han comprometido con la «democracia» en el sentido funcional
de la palabra: el gobierno incontestado de elementos de la elite (mundo
empresarial, oligarquía, militares) que generalmente respetan los
intereses de los inversores estadounidenses, con métodos adecuados
para su ocasional ratificación por parte de segmentos del público.
Cuando estas condiciones no son satisfechas, la intervención «para
restaurar la democracia» es legítima.
Por citar el caso de moda en los años ochenta, Nicaragua
con los sandinistas era una «sociedad totalitaria» (según
el secretario de Estado, James Baker) y una «dictadura comunista»
(según los medios de comunicación), en la que debemos intervenir
masivamente para asegurarnos de que las élites sensibles a los intereses
norteamericanos prevalecen como en los demás países de la
región. Colombia, por el contrario, es una democracia con
un «terreno de juego despejado», según la jerga actual,
puesto que estos elementos gobiernan sin desafíos políticos.
Una mirada más atenta a Colombia resulta directamente
relevante para lo que comentaremos a continuación y proporciona
una idea más clara de lo que constituye una «democracia».
En Colombia, nos informa el New York Times, gente valiente
amenazada por la «violencia de las bandas de la cocaína»
está luchando «para preservar la normalidad democrática»
y «para mantener vivas las instituciones democráticas».
No se alude aquí a los campesinos, a los líderes sindicales
o a los defensores de la justicia social y de los derechos humanos que
se enfrentan a la violencia de los militares y a la oligarquía.
Y, crucialmente, la normalidad democrática no ha sido nunca amenazada
por el hecho de que los dos partidos que comparten el poder político
sean «dos caballos [con] un mismo propietario» (el antiguo
presidente Alfonso López Michelsen) -circunstancia no exactamente
desconocida para nosotros. Tampoco generan ningún problema las verdaderas
condiciones de esta «normalidad democrática». Por mencionar
unas cuantas, los escuadrones de la muerte han asesinado a cerca de 1.000
miembros del único partido que no es propiedad de la oligarquía
(la Unión Patriótica, UP) desde su fundación
en l 985, dejando a los sindicatos y a las organizaciones populares sin
ninguna representación política significativa. La desaparición
y ejecución de los líderes indios, comunitarios y del movimiento
obrero es una parte habitual de la vida cotidiana, mientras «muchos
colombianos insisten en que las tropas del ejército actúan
como si fueran una fuerza de ocupación en territorio enemigo»
(Americas Watch). Estos escuadrones de la muerte dedicados a la
exterminación de «elementos subversivos» están
confabulados con las fuerzas de seguridad (Amnistía Internacional).
un informe oficial del gobierno hecho público en 1983 halló
que aproximadamente un tercio de los miembros de los grupos paramilitares
implicados en asesinatos políticos y otros actos terroristas eran
funcionarios en servicio activo, pauta que continúa hasta nuestros
días, así como las alianzas con narcotraficantes, según
los informes sobre los derechos humanos (Alfredo Vásquez Carrizosa,
presidente del Comité Permanente para los Derechos Humanos de
Colombia y antiguo ministro de Asuntos Exteriores). Los escuadrones
de la muerte han creado «un ambiente de terror, incertidumbre y desesperación»
y «todas las familias en las que siquiera un miembro está
implicado de algún modo en actividades orientadas a la justicia
social» están bajo constante amenaza de desaparición
y tortura, llevada a cabo con «impunidad» por los militares
y sus aliados (Pax Christi Netherlands), incluyendo las «bandas
de la cocaína» y el propietario de los dos caballos. Los asesinatos
políticos de 1988 y 1989 alcanzaron una media de once diarios (Comisión
Andina de Juristas, oficina de Bogotá).
Todo ello despeja el terreno de juego y no plantea amenaza alguna para
«las instituciones democráticas», ni pone en peligro
«el objetivo histórico de los Estados Unidos».
De modo similar, el aumento de los cárteles de la droga en Guatemala
«ha desencadenado una profunda preocupación por la supervivencia
de la naciente democracia del país», advierte LindseyGruson
en el New York Times. «La aparición de
Guatemala
como un importante jugador en el bazar internacional de la droga»
-juntamente con Honduras y Costa Rica, hoy «rutinariamente»
utilizados para el transbordo de droga-, «ha despertado entre los
diplomáticos de los Estados Unidos la preocupación
de que ello pueda dar lugar a un encarnizado debate en el Congreso acerca
de la ayuda a este país, que acaba de salir del aislamiento internacional
tras años de gobierno militar».
Pero los acontecimientos acaecidos unos días antes, rutinarios
durante muchos años y demasiado insignificantes para llegar al Times,
no suscitaron duda alguna sobre la «naciente democracia» ni
amenazaron la afluencia de ayuda militar y de carácter vario procedente
de los Estados Unidos. Los servicios telegráficos informaron
que «aterrorizada por una nueva oleada de violencia política,
la familia de un activista defensor de los derechos humanos secuestrado
huyó de su país [el 23 de septiembre] tras pasar casi seis
semanas oculta en una habitación en la Cruz Roja».
El representante federal general para asuntos de derechos humanos dice
que «es increíble cómo se ha perseguido a esta familia»
a causa de las actividades en favor de los derechos humanos de María
Rumalda Camey, miembro del Grupo de Apoyo Mutuo de los familiares
de desaparecidos. Fue secuestrada en agosto por unos hombres armados,
siendo la cuarta persona de su familia que desaparecía en diez meses.
«Los demás acabaron apareciendo, todos muertos de un disparo
y arrojados en la cuneta de sendas carreteras.» La familia acudió
a la oficina del Grupo de Apoyo Mutuo en la ciudad de Guatemala,
pero fue evacuada por la Cruz Roja cuando anrojaron una granada
por la ventana media hora después de su llegada. «En los últimos
dos meses», continúa el informe, «se ha producido un
aumento de los asesinatos y bombardeos», con cuerpos mutilados abandonados
en las cunetas de las carreteras como advertencias. Este «aumento»
es superior al nivel normal de atrocidades cometidas por las fuerzas de
seguridad y sus escuadrillas y asociados no oficiales. Así, el 15
de septiembre, la prensa guatemalteca informó que en una provincia
del suroeste y en un período de cuarenta y ocho horas se habían
encontrado quince cuerpos que presentaban señales de tortura. Según
un superviviente, antes de que las secuestraran esas personas fueron seguidas
por un vehículo del ejército perteneciente a una base militar
cercana. Pocos días después, se halló el cuerpo de
un estudiante, el séptimo de doce recientemente «desaparecidos»
al estilo clásico de las fuerzas de seguridad de los estados clientes
de los Estados Unidos. Se hallaron otros cuerpos con miembros cortados
y señales de tortura. Miles de campesinos que regresaron de México
tras haberles sido prometidas tierras y seguridad están planeando
huir a campos de refugiados mexicanos a causa de la violencia y del incumplimiento
de estas promesas por parte del gobierno, según informa la prensa
local.
Los objetivos son los campesinos, activistas y organizadores. Por lo
tanto la «naciente democracia» sufre, como máximo, desperfectos
menores y está a salvo del aislamiento intennacional o del recorte
de fondos -al menos, mientras no perjudique los intereses del amo.
(...) En 1983, la CIA reconoció que, desde 1976, la tasa
de crecimiento del gasto soviético en defensa había descendido
de un 4'5 por 100 a un 2 por 100 y la tasa de crecimiento de la compra
de armas había disminuido -exactamente al contrario de las afirmaciones
realizadas para justificar el programa de rearme de Carter que fundamentalmente
se ejecutó en tiempos de Reagan. En un nuevo y cuidadoso
análisis de los datos, el economista Franklyn Holzman llega
a la conclusión de que la relación entre los gastos militares
soviéticos y el PNB cambió escasamente después de
1970 y el total parece ser «considerablemente inferior» a los
gastos norteamericanos (por no hablar del hecho de que los aliados de los
Estados
Unidos en la OTAN rebasaron los gastos de los aliados soviéticos
del Pacto de Varsovia en más de cinco a uno, que del 15 al
20 por 100 de los gastos soviéticos están dedicados al frente
de China y que sus aliados han sido de escasa confianza). «La
diferencia en el gasto militar soviético -concluye- al igual que
la "diferencia de bombarderos" de los años cincuenta y la "diferencia
de misiles" de los años sesenta, resulta ser un mito».'
Desde los primeros años de la guerra fría, la auténtica
amenaza ha sido «la agresión política soviética»
(Eisenhower) y lo que Adlai Stevenson y otros denominaron
«la agresión interna». Una alianza militar de la OTAN
poderosa, afirmaba Eisenhower, debería «transmitir
una sensación de confianza que haría [a sus miembros] más
fuertes políticamente en su oposición a las invasiones comunistas»
-es decir, a la «agresión política» desde dentro
por parte de «comunistas», palabra que por lo general se entendía
incluía al movimiento obrero, a los demócratas radicales
y a amenazas similares para la «democracia». Al hacer estas
observaciones en su historia de las armas nucleares, McGeorge Bundy
añade que Eisenhower «no creía que los rusos
quisieran ni planearan ninguna agresión militar a gran escala».
Esta idea era común entre los planificadores racionales, lo
cual no supone que no se convencieran fácilmente a sí mismos
de que las hordas soviéticas estaban en marcha cuando tales doctrinas
eran útiles para otros fines. Parte de la preocupación relativa
al declive de la amenaza soviética es que no podrán ya evocarse
las imágenes adecuadas cuando tengamos que apresurarnos a defender
a los sectores privilegiados frente a la agresión interna.
En los primeros años de Reagan, la amenaza soviética
fue manipulada en favor de los objetivos gemelos de la intervención
en el Tercer Mundo y del establecimiento de un Estado del bienestar
para los privilegiados. Transmitiendo la retórica de Washington,
los medios de comunicación ayudaron a crear un breve período
de apoyo público en pro del rearme, confeccionando al mismo tiempo
un útil mito acerca de la inmensa popularidad del carismático
«gran comunicador» para justificar el apoyo a los ricos organizado
por el Estado. También se emplearon otros dispositivos. Gracias
a la campaña desarrollada por el gobierno y los medios de comunicación,
en 1986 el 60 por 100 del público acabó considerando a Nicaragua
como un «interés vital» de los Estados Unidos,
muy por encima de Francia, del Brasil o de la India.
A mediados de los años ochenta, el terrorismo internacional asumió
un papel central, particularmente en Oriente Medio. Para apreciar
lo brillante de esta proeza de la propaganda, debemos tener en cuenta que
incluso en los años de mayor preocupación, 1985-1986,1os
Estados
Unidos y su aliado israelí fueron responsables de los más
graves actos de terrorismo internacional en esta región, por no
hablar del papel destacado de los Estados Unidos en el terrorismo
internacional en todo el mundo también en años anteriores.
El peor acto terrorista de la región fue la colocación de
un coche bomba en Beirut en 1985 que costó la vida a 80 personas
e hirió a 250. Ello fue gráficamente descrito, pero no encajaba
en el canon al haber sido iniciado por la CIA. Por citar otro asombroso
ejemplo, en 1987 se reveló que una de las muchas operaciones terroristas
organizadas contra Cuba tuvo lugar en un momento particularmente
tenso de la crisis de los misiles. Un grupo terrorista enviado por la CIA
hizo volar por los aires una instalación industrial cubana, habiéndose
informado de un total de cuatrocientos trabajadores muertos, incidente
que podría haber desencadenado una guerra nuclear. No encontré
ni la más mínima referencia a este hecho en los medios de
comunicación en medio de la furia desatada ante «la peste
del terrorismo internacional» propagada por árabes dementes
respaldados por la KGB en el esfuerzo por perjudicar a Occidente.
Respetadas obras de especialistas en la materia se atienen estrictamente
al canon oficial .
Amenazas como la de Nicaragua y los terroristas internacionales
tienen la ventaja de que son débiles e inofensivas. A diferencia
del enemigo soviético, Granada y Libia pueden ser
atacadas con impunidad, suscitando actitudes arrogantes y, por lo menos,
unos instantes de unión en torno a la bandera. Por el contrario,
podríamos quejarnos amargamente contra el enemigo soviético,
pero no más. por la misma razón, esta amenaza es difícil
de sustentar. Para aumentar la credibilidad, los objetivos seleccionados
se solían vincular al imperio maligno, siendo las pruebas habitualmente
irrelevantes. Pero también estas acusaciones han perdido su fuerza
y se precisan imperiosamente nuevos monstruos para mantener a la población
en el buen camino.
Entramos en el cártel de Medellín.
2. LA
GUERRA CONTRA LA DROGA
Para hacer un buen papel, una amenaza ha de ser grave o, al menos,
ha de poder ser descrita como tal. La defensa contra la amenaza debe engendrar
el adecuado espíritu marcial entre la población, la cual
debe dar a sus gobernantes vía libre para aplicar políticas
fundadas en otros motivos y debe tolerar la erosión de las libertades
civiles, un beneficio secundario de particular importancia para los reaccionarios
partidarios del Estado que se disfrazan de conservadores. Por otro lado,
dado que el objetivo es desviar la atención del poder y de sus operaciones
-de las oficinas federales, salas de juntas empresariales y similares-,
una amenaza para nuestros días debería ser lejana: «el
otro» debería ser muy distinto de «nosotros» o,
por lo menos, lo que se nos ha enseñado a aspirar a ser. Asimismo,
los objetivos establecidos deberían ser lo suficientemente débiles
como para atacarlos sin coste; también ayuda que el color no sea
el correcto. En pocas palabras. la amenaza debería situarse en el
Tercer
Mundo o los barrios pobres de nuestro propio país. La guerra
contra la amenaza debería estar también destinada a ganarse,
como precedente para futuras operaciones. Un requisito fundamental para
todo este esfuerzo es que los medios de comunicación lancen una
campaña de propaganda correctamente estructurada, lo cual nunca
es un problema.
La guerra contra las drogas fue una elección natural para la
próxima cruzada. En primer lugar, no hay duda sobre la gravedad
del problema; nos centraremos directamente en las dimensiones del mismo.
Pero para que sea útil a nuestros fines, la guerra debe estar limitada
y conformada con precisión, debe estar dirigida a los objetivos
adecuados y evitar de forma decisiva a los agentes principales. También
esto se logró con facilidad. La guerra está también
estructurada de forma que, en retrospectiva, haya conseguido algunas de
sus metas. Un objetivo fundamental de la estrategia de Bush y Bennett fue
una disminución lenta y regular de los datos sobre el uso de droga
comunicados al público. La prueba será el Federal Household
Survey on Drug Abuse, el cual, unas cuantas semanas antes de que el
plan fuera dado a conocer, mostraba un descenso del 37 por 100 entre 1985
y 1988. El objetivo declarado parecía, pues, una apuesta bastante
segura.
La guerra fue declarada a bombo y platillo por el presidente Bush
a principios de septiembre de 1989 -o mejor dicho, redeclarada, tras el
convenio establecido veinte años antes por el presidente Nixon,
cuando realizó la primera impresionante declaración de este
tipo. Para preparar correctamente el terreno para esta fase, el zar de
la droga, William Bennett, anunció que se había registrado
un notable incremento en la frecuencia del consumo de cocaína desde
1985 -«una prueba terrible de que nuestra actual epidemia de la droga
ha llegado demasiado lejos»- y de que nos enfrentamos a un «caos
creciente en relación con la droga» y a una «espantosa
y cada vez más profunda crisis». Pocos meses después,
la Casa Blanca convocaba una conferencia de prensa para presentar
un nuevo estudio «como prueba de que nuestra estrategia nacional
contra la droga estaba triunfando y que el consumo de narcóticos
estaba pasando de moda entre los jóvenes norteamericanos»,
informó Richard Berke en el New York Times. Así
que los guerreros de la droga, según la más auténtica
tradición norteamericana, se estaban enfrentando incondicionalmente
al enemigo y le estaban venciendo.
No obstante, hay unos cuantos problemas. En 1989, el descenso no hace
más que continuar una tendencia que comenzó en 1985-1986
por lo que respecta a la cocaína y en 1979 por lo que respecta a
otras drogas ilegales, acompañada de un descenso en el consumo de
alcohol entre las personas de edad, aunque no había ninguna «guerra
contra el alcohol». El consumo de cocaína disminuyó
de forma acusada en 1989, con un descenso del 24 por 100 en el tercer trimestre,
antes de la declaración de la guerra, según cifras gubernamentales.
El «incremento» de Bennett es un poco difícil
de reconciliar con las cifras sobre la disminución del consumo de
cocaína, pero pocos meses después de que la sorprendente
noticia fuera dada a conocer con la debida fanfarria e impacto, se reveló
que la paradoja era mera falsedad estadística. En las últimas
páginas, leemos además que un estudio elaborado por la Oficina
de Asuntos Internacionales en relación con los Narcóticos
del Departamento de Estado [State Department Bureau of International
Narcotics Matters] contradecía las afirmaciones de Bennett
de que «el azote está comenzando a pasar», gracias a
sus esfuerzos.
Como es menester, la guerra está dirigida contra «ellos»
no contra «nosotros». El 70 por 100 del presupuesto de Bush
y Bennett para la lucha contra la droga estaba destinado a velar
por el cumplimiento de la ley. Aunque la clase baja no se puede encerrar
en reservas urbanas y limitarse a devorarse a sí misma, sí
puede ser encarcelada de una vez por todas. Oponiéndose a las críticas
de liberales compasivos, Bennett apoyó una «política
dura» por lo que respecta a los «programas educativos contra
la droga»: «Si no tengo más que una alternativa, aplicaré
siempre esta política porque conozco a los niños. Y ustedes
podrían decirme que esta no es una visión demasiado romántica
de los niños, que no es una visión demasiado halagueña
de los niños. Y yo les respondería "tienen razón"».
Bennett
está exponiendo su postura de modo incompleto cuando dice que si
hay una sola opción es preferible el castigo. En su cargo anterior
como secretario de educación, pretendía recortar los fondos
destinados a la educación contra la droga y expresó su escepticismo
respecto de su valor.
La propuesta más ostentosa fue la ayuda militar a Colombia
tras el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán.
Sin embargo, como señala su hermano Alberto, «el poder
militar central de los narcotraficantes reside en los grupos paramilitares
que han organizado con el apoyo de los grandes terratenientes y de funcionarios
militares». Aparte de reforzar «las fuerzas represivas y antidemocráticas»,
continúa Galán, la estrategia de Washington
elude «el núcleo del problema» -es decir, «los
lazos económicos entre el mundo legal y el ilegal», las «grandes
compañías financieras» que manejan el dinero de la
droga.
«Tendría más sentido atacar y perseguir a los pocos
que se encuentran en la cima del negocio de la droga en lugar de llenar
las cárceles de peces pequeños sin la poderosa estructura
financiera que da vida al mercado de la droga.»
Ciertamente tendría más sentido si la meta fuera la guerra
contra las drogas. Pero no tiene sentido para el objetivo de control de
la población y es, en cualquier caso, impensable a causa del requisito
de que la política estatal protege al poder y al privilegio, un
elemento concomitante natural del «terreno de juego despejado»
en el ámbito nacional.
Como zar de la droga con la administración Reagan, George
Bush contribuyó materialmente a acabar con el contenido esencial
de la verdadera «guerra contra las drogas». Funcionarios de
la sección para el control de irregularidades del Departamento
de Hacienda observaron el acusado aumento de la afluencia de dinero
a los bancos de Florida (y posteriormente de Los Ángeles)
cuando el comercio de la cocaína floreció en los años
setenta y «lo relacionaron con el blanqueo a gran escala de los beneficios
de la droga» (informe del Departamento de Hacienda). Presentaron
información detallada sobre estas cuestiones a la Oficina para el
Cumplimiento de la Ley sobre la Droga [Drug Enforcement Agency]
(DEA) y al Departamento de Justicia. Tras algunas exposiciones
públicas, el gobierno lanzó la operación Greenback
en 1979 para procesar a los «blanqueadores» de dinero. Pronto
fracasó. La industria bancaria no es un objetivo adecuado para la
guerra contra la droga. La administración Reagan redujo el
limitado control y Bush «no estaba, en realidad, demasiado
interesado en el procesamiento financiero», recuerda el fiscal de
la operación Greenback. El programa pronto dejó de existir
y la nueva guerra contra la droga de Bush aspira a objetivos más
aceptables. Analizando estos datos, Jefferson Morley comenta que
las prioridades son ejemplificadas por las acciones del sucesor de Bush
en la «guerra contra las drogas». Cuando se anunció
un excedente de 8.000 millones de dólares para Miami y los
bancos de Los Ángeles, William Bennett no hizo preguntas
sobre la moralidad de sus prácticas ni inició investigación
alguna, aunque emitió avisos de desahucio para los habitantes con
renta baja y mayormente de raza negra de las viviendas públicas
de Washington donde se había informado de consumo de drogas.
También puede haber algún buen ajuste. Un pequeño
banco panameño fue presionado para que se declarara culpable de
blanquear dinero tras una rápida operación. Pero el gobierno
de los Estados Unidos retiró las acusaciones criminales contra
su banco matriz, una de las principales instituciones financieras de América
Latina, con base en uno de los centros del cártel colombiano
de la droga. Tampoco parece que se dediquen serios esfuerzos para investigar
las afirmaciones públicas de los «blanqueadores» de
dinero del cártel sobre sus contactos con grandes bancos norteamericanos.
La anunciada guerra contra las drogas presenta otras varias lagunas
que son difíciles de reconciliar con las intenciones anunciadas,
aunque son bastante razonables según los principios que guían
la política social. La elaboración de la droga requiere éter
y acetona, que América Latina importa. Rafael Perl,
asesor en política de la droga del Servicio de Investigación
del Congreso [Congressional Research Service], estima que más
del 90 por 100 de las sustancias químicas utilizadas en la producción
de cocaína proceden de los Estados Unidos. En los nueve meses
previos al anuncio de la guerra contra la droga, la policía colombiana
dice haber requisado 5,6 millones de litros de dichos productos químicos,
muchos de ellos hallados en barriles que exhibían los logotipos
de empresas estadounidenses. Un estudio de la CIA llegó a
la conclusión de que las exportaciones estadounidenses de dichos
productos exceden, con diferencia, las cantidades empleadas para cualquier
fin comercial legal, deduciendo que enormes cantidades están siendo
desviadas para producir heroína y cocaína. Sin embargo, las
empresas químicas están fuera de alcance. «La mayoría
de las oficinas de la DEA tienen a un solo agente trabajando en
la desviación de productos químicos», informa un funcionario
norteamericano, de modo que controlarlas es imposible. Y no se ha informado
de redadas realizadas por la Fuerza Delta en los cuarteles generales de
estas empresas en Manhattan.
La referencia a la CIA nos hace recordar otra interesante laguna
del programa. La CIA y otras oficinas del gobierno de los Estados
Unidos han contribuido a establecer y mantener el negocio ilegal de
las drogas desde la segunda guerra mundial, cuando las conexiones de la
Mafia
eran utilizadas para dividir y minar a los sindicatos franceses y al partido
comunista, estableciendo las bases para la «French connection»
con sede en Marsella. El Triángulo Dorado (Laos, Birmania,
Tailandia) se convirtió en un gran centro para los narcóticos
cuando las tropas chinas nacionalistas huyeron a esta región tras
su derrota en China y, no mucho después de ésta, mientras
la CIA ayudaba a llevar a cabo el tráfico de drogas como
parte de su esfuerzo para reclutar un «ejército mercenario
clandestino» de miembros de las tribus de las montañas para
sus operaciones contrainsurgentes en Laos. A lo largo de los años,
el tráfico de drogas llegó a implicar también a otros
clientes de los Estados Unidos. En 1989, el general Ramón
Montano, jefe de la policía filipina, declaró en una
audiencia pública en Manila que los sindicatos de la droga
que operaban en el Triángulo Dorado utilizaban las Filipinas
como punto de transbordo hacia otras partes de Asia y Occidente
y admitió que había funcionarios militares implicados, como
había señalado una investigación del Senado. Las Filipinas
están en camino de «llegar a ser como Colombia»,
observó un senador.
El efecto fue el mismo cuando la CIA pasó a centrar su
atención en la guerra terrorista contra Nicaragua y en la
resistencia afgana contra la ocupación soviética. La complicidad
de las administraciones Reagan y Bush en los negocios de
la droga en Centroamérica como parte de sus operaciones de
apoyo a la contra es, en la actualidad, bien conocida. Se dive que
el Pakistán se convirtió en uno de los principales
centros internacionales del comercio de heroína cuando los productores
y comerciantes afganos «vieron limitadas sus operaciones tras la
invasión soviética en 1979» y trasladaron la empresa
al otro lado de la frontera (South). «Durante varios años,
el gobierno de los Estados Unidos ha recibido, pero se ha negado
a investigar, informes sobre el tráfico de heroína por parte
de algunas guerrillas afganas y de funcionarios militares pakistanís
con quienes coopera», informó el Washington Post
bastante después de que la guerra contra la droga avanzara a toda
máquina. Funcionarios de los Estados Unidos han recibido
informes directos sobre «el abundante contrabando de heroína»
por parte de los principales receptores afganos de ayuda norteamericana
y la clase militar pakistaní, que facilitaron información
detallada a la prensa en Pakistán y Washington. «No
obstante, según funcionarios norteamericanos, los Estados Unidos
no han investigado o emprendido acción alguna contra algunos [léase
"ninguno"] de los sospechosos.» El favorito de los Estados Unidos
Gulbuddin Hekmatyar, líder terrorista del partido fundamentalista
Hizbe-Islami, es acusado de estar profundamente implicado en el tráfico
de drogas. Otros informes indican que los rebeldes afganos están
siendo «debilitados por batallas locales cada vez más encarnizadas
por el lucrativo comercio de heroína».
Al igual que en Asia, los aliados norteamericanos en Centroamérica
están también atrapados en el tráfico de drogas. Únicamente
Costa
Rica tiene un gobierno civil (fraudes aparte), y su Comisión
Parlamentaria para la Droga [Legislative Assembly's Drug Commission] ha
facilitado información sobre estas cuestiones. El antiguo presidente
Daniel
Oduber fue citado por haber aceptado una contribución a su campaña
de manos de James Lionel Casey, un ciudadano estadounidense encarcelado
en Costa Rica bajo la acusación de tráfico de drogas.
La Comisión recomendaba que a Oliver North, al almirante
John
Poindexter, al antiguo embajador Lewis Tambs, al antiguo jefe
de la oficina de la CIA Joe Fernández y al general Richard
Secord «no se les permitiera nunca más la entrada en Costa
Rica», informó la prensa costarricense en julio de 1989,
culpándoles de «abrir una puerta» a los traficantes
de armas y drogas al organizar ilegalmente un «frente sur»
para los contras en Costa Rica. Un coronel de la guardia
rural fue acusado de of recer protección a los traficantes de droga
que utilizaran las pistas de aterrizaje -incluyendo probablemente las utilizadas
para el suministro a los contras en Nicaragua-, informó
el presidente de la Comisión a los periodistas. Oliver North
fue
acusado de establecer una línea de suministro con el general
Noriega
que introdujo armas en Costa Rica y drogas en los
Estados Unidos.
La Comisión implicó también al ranchero norteamericano
John Hull. Y más grave todavía, informó la
Comisión, era «la obvia infiltración de bandas internacionales
en Costa Rica que utilizaban la organización [de la contra]»
a petición «del coronel North al general Noriega»,
quienes abrieron Costa Rica «al tráfico de armas y
drogas» por parte de «esta mafia», en gran medida como
«excusa para ayudar a los contras».
Existen buenas razones por las que la CIA y las drogas estén
tan estrechamente vinculadas. El terror clandestino requiere fondos ocultos
y los elementos criminales a los que recurren naturalmente los servicios
de inteligencia esperan un quid pro quo. Las drogas son la respuesta
obvia. La implicación a largo plazo de Washington en el negocio
de la droga es parte esencial de sus operaciones internacionales, especialmente
durante las administraciones Reagan y Bush. Un primer objetivo
para una auténtica guerra contra la droga estaría, por tanto,
al alcance de la mano.
Estos hechos son demasiado destacados para haber sido ignorados completamente,
pero hay que mirar mucho más allá de los medios de comunicación
para llegar a ser consciente de la magnitud e importancia de la «Washington
connection» durante muchos años. La imagen pública
transmitida fue muy distinta. Una ilustración típica es el
artículo del corresponsal en Asia del New York Times,
Steven
Erlanger, titulada «El sureste asiático es actualmente
el primer proveedor de heroína de los Estados Unidos».
El artículo comienza con la afirmación de que «El Triángulo
Dorado del sureste asiático, cuyo tráfico de drogas han
estado intentando controlar los Estados Unidos durante 25 años,
es, una vez más, la más grande fuente de la heroína
que penetra en América ...». ¿Por qué el Triángulo
Dorado ha sido un problema tan grande para los funcionarios estadounidenses
desde 1965 -un año que, al fin y al cabo, conlleva ciertas asociaciones?
Esta pregunta no se plantea, y no se menciona el papel del gobierno de
los Estados Unidos y de su servicios de terror clandestino en la
creación y mantenimiento del problema que «los Estados
Unidos han estado intentando controlar». Los Estados Unidos
aparecen únicamente como víctimas y defensores de la virtud.
La discusión sobre las drogas entre los funcionarios norteamericanos
y los tailandeses se está volviendo más «enérgica»
e «incluso, en ocasiones furiosa», dicen los diplomáticos
occidentales al haberse convertido Tailandia en el principal centro
de contrabando y embarque para el Triángulo Dorado. No por
casualidad -aunque no hay aquí ninguna insinuación-, Tailandia
fue también designada como el punto focal de las operaciones militares,
de terror y subversión de los Estados Unidos en el plan secreto
para minar los acuerdos de Ginebra de 1954 pocas semanas después
de que fueran adoptados, a pesar de las objeciones de los Estados Unidos,
y, con posterioridad, fue utilizada como base principal de las operaciones
estadounidenses de bombardeo y guerra clandestina, así como fuente
de fuerzas mercenarias para Indochina. «Estamos intentando
hacer comprender a los tailandeses que la droga es un problema internacional
y que Tailandia es también un objetivo», dijo un diplomático.
Este es, tal vez, el límite del papel de los Estados Unidos
en Tailandia en general o de las operaciones del Triángulo
Dorado en relación con la droga en particular, por lo que al
Times
se refiere.
Los medios de comunicación se unieron en torno a la guerra contra
la droga específicamente concebida con su eficiencia y prontitud
habituales. La decisión del presidente de enviar ayuda militar a
Colombia
y la declaración de guerra del 5 de septiembre contra «el
desafío interno más difícil al que nos hemos enfrentado
en décadas» desencadenaron una gran campaña en los
medios de comunicación, confeccionada con precisión según
las necesidades de la Casa Blanca, a pesar de que las absurdidades
del programa eran tan manifiestas que hubo algunas pequeñas deserciones.
Varias muestras (no científicas) de informes del servicio telegráfico
a lo largo del mes de septiembre referían cuestiones relacionadas
con las drogas que superaban a Asia, África, América Latina
y Oriente Medio juntos. La obediencia de los medios de comunicación
alcanzó tan cómicas proporciones que dio lugar a sarcásticos
comentarios en el Wall Street Journal, donde Hodding Carter observó
que el presidente procedía sobre una base segura: que los medios
de comunicación marcarían el paso. «En Estados Unidos»,
prosiguió, «los medios de comunicación tienen una abrumadora
tendencia a bailar al son que tocan y ladrar al unísono siempre
que la Casa Blanca cualquier Casa Blanca- hace chasquear
los dedos.»
El impacto a corto plazo fue impresionante. Poco después de
las elecciones de noviembre de 1988, el 34 por 100 del público había
seleccionado el déficit presupuestario como «la prioridad
número uno de George Bush una vez tome posesión del
cargo». El 3 por 100 seleccionó las drogas como principal
prioridad, porcentaje bajo en relación con los meses anteriores.
Tras la campaña de los medios de comunicación de septiembre
de 1989, «un notable 43 por 100 dice que las drogas constituyen el
problema más importante de la nación», informa el Wall
Street Journal, mientras que el déficit presupuestario ocupa
un distante segundo lugar con un 6 por 100. En un sondeo de junio de 1987
entre los votantes registrados en Nueva York, los impuestos fueron
seleccionados como el problema número uno al que se enfrentaba el
Estado (un 15 por 100), encontrándose las drogas mucho más
abajo en la lista (un 5 por 100). Una repetición efectuada en septiembre
de 1989 dio resultados radicalmente distintos: los impuestos fueron seleccionados
por un 8 por 100, mientras que el problema de la droga se situaba mucho
más arriba que cualquier otro, en un fenomenal 46 por 100. El mundo
real apenas había cambiado. Su imagen sí lo había
hecho, como había sido transmitido por las instituciones ideológicas,
reflejando las necesidades del poder en aquel momento.
Un tono marcial tiene mayores beneficios para aquellos que defienden
la violencia y la represión de Estado con el fin de garantizar el
privilegio. La campaña del gobierno y los medios de comunicación
ayudó a crear el ambiente necesario entre el público en general
y el Congreso. Con un ademán triunfal, el senador Mark Hatfield,
a menudo crítico de la confianza en la fuerza, dijo que en cada
distrito congresual «las tropas están ahí. Todo lo
que están esperando son las órdenes, un plan de ataque, y
están listas para marchar». El proyecto de ley aprobado por
el Congreso extiende la aplicación de la pena de muerte, limita
las apelaciones por parte de los prisioneros y permite a la policía
una mayor libertad para obtener pruebas, entre otras medidas. La totalidad
del aparato represivo del Estado espera beneficiarse de esta nueva «guerra»,
incluyendo al sistema de inteligencia y al Pentágono (el cual, no
obstante, es reacio a tener que participar en acciones militares directas
que perderán rápidamente el apoyo popularl. La industria
militar, preocupada por el inquietante espectro de la paz, olfatea aquí
nuevos mercados y «esgrime espadas como armas en la guerra contra
la droga», informa Frank Greve desde Washington. «Los
analistas dicen que las ventas destinadas a la guerra contra la droga podrían
representar un alivio para algunos sectores, tales como las operaciones
de comandos, las tareas de inteligencia en relación con la defensa
y el contraterrorismo», y los laboratorios militares federales pueden
también hallar un nuevo papel. El coronel del ejército
John Waghelstein, un importante especialista en contrainsurgencia,
sugirió que la conexión entre los narcotraficantes y la guerrilla
podía exportarse con el fin de movilizar el apoyo público
a los programas de contrainsurgencia y desacreditar a sus críticos:
"La penetración de esta conexión en el pensamiento del
público norteamericano y del Congreso daría lugar al apoyo
necesario para hacer frente a los terroristas de la guerrilla y de los
narcóticos en este hemisferio. Generar este apoyo sería relativamente
fácil una vez que la conexión hubiera sido demostrada y que
una guerra total hubiera sido declarada por las autoridades nacionales
[National Command Authority]. El Congreso hallaría difícil
obstaculizar el apoyo a nuestros aliados con el adiestramiento, consejo
y ayuda en seguridad necesarios para realizar el trabajo. Los grupos eclesiásticos
y académicos que han respaldado servilmente la insurgencia en América
Latina se encontrarían en el lado equivocado del problema moral.
Sobre todo, nosotros ocuparíamos la posición moral inatacable
desde la cual lanzar un esfuerzo ofensivo concertado empleando activos
del Departamento de Defensa [Department of Defense] (DOD) y ajenos
al DOD."
En resumidas cuentas, todo siguió su curso.
(...)
Cannazine. Fanzine internáutico antiprohibicionista.
Responsable de güeba: Alf Delaf
alfdelaf@porreros.org